Crisis política: Perú entre la inestabilidad sistémica, la corrupción y la desigualdad
En menos de una década, el país ha tenido siete presidentes, la mayoría destituidos por escándalos de corrupción.
Según la encuestadora Ipsos, el 78 % de los peruanos percibía indicios de corrupción en el breve gobierno de Jerí. Otra encuestadora, Imasen, registró una desaprobación superior al 70 %. Foto: EFE
18 de febrero de 2026 Hora: 09:09
El Congreso de Perú destituyó este martes a José Jerí, quien había asumido la Presidencia tras la vacancia de Dina Boluarte el 10 de octubre pasado.
Jerí ocupaba la Presidencia porque era presidente del Congreso, cargo que asume el Ejecutivo cuando la jefatura del Estado queda vacante. A diferencia de una vacancia presidencial —que requiere 87 votos—, bastaba con censurarlo como titular del Legislativo para provocar su salida, procedimiento que exige mayoría simple.
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La destitución fue aprobada por 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, en un contexto de extrema fragilidad institucional y a solo dos meses de la primera vuelta presidencial prevista para el 12 de abril. La mayor parte de sus aliados de derecha y ultraderecha le quitaron el apoyo tratando de desmarcarse en época electoral de los escándalos del presidente. Solo lo respaldó el fujimorismo, que intentó salvar al presidente al que controlaba.
Su permanencia en el cargo duró algo más de cuatro meses y estuvo marcada por una sucesión de escándalos que precipitaron su censura. Entre ellos están las reuniones clandestinas de Jerí con empresarios extranjeros, que desató el escándalo conocido como «Chifagate».
La revelación de estos encuentros activó una investigación preliminar de 90 días por parte de la Fiscalía de la Nación por presunto tráfico de influencias y contrataciones irregulares en el Estado, esto último asociado a la contratación de jóvenes sin experiencia en el sector público a través del Fondo de Apoyo Gerencial, mecanismo reservado para perfiles técnicos de alto nivel. Reportajes periodísticos sostuvieron que los beneficiados mantenían vínculos personales con el mandatario.
A esto se sumaron denuncias sobre reuniones privadas en Palacio con congresistas y personas presuntamente vinculadas a redes de prostitución dentro del Congreso, además de celebraciones privadas que terminaron derivando en adjudicaciones de contratos estatales.
Las encuestas reflejaron un desplome inmediato. Según Ipsos, el 78 % de los peruanos percibía indicios de corrupción en su breve gobierno. Otra encuestadora, Imasen, registró una desaprobación superior al 70 %.
El episodio confirma una dinámica reiterada en la política peruana: la fragilidad del equilibrio entre Ejecutivo y Congreso bajo la Constitución fujimorista de 1993, que ha permitido una sucesión acelerada de mandatarios.
El último presidente que completó su período fue Ollanta Humala (2011-2016). Desde entonces cayeron Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (10 al 15 de noviembre de 2020), Pedro Castillo (2021-2022, representante de la izquierda, depuesto por un golpe parlamentario mientras intentaba conducir transformaciones de carácter popular) y Dina Boluarte (2022-2025), además del breve interinato de Francisco Sagasti (2020-2021). En menos de una década, el país ha tenido siete presidentes.
Analistas coinciden en que las causas de fondo son la extrema fragmentación parlamentaria, la debilidad de los partidos políticos, la corrupción estructural, la ausencia de rendición de cuentas y un diseño constitucional que facilita la destitución presidencial.
A juicio de la analista política Rosa María Palacios, a la deficiente gestión del Ejecutivo frente a la creciente desigualdad y la criminalidad, se une que el Congreso ha promovido normas que favorecen la actividad delictiva, sin tener en cuenta que «105 de los 130 miembros tienen investigaciones abiertas en su contra«. Con el tiempo, «han modificado el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal en su propio beneficio, aunque ello signifique, de hecho, beneficiar también a la delincuencia».
A la crisis institucional, impunidad política, el autoritarismo, la delincuencia y la corrupción, se unen los resultados de una gestión económica centrada en las élites, con el consiguiente aumento de la tasa de pobreza, que en 2019 era del 19 por ciento y aumentó hasta el 25 por ciento en 2023.
Un escenario electoral inédito
Más de 38 partidos compiten en los comicios generales de abril, una cifra récord que refleja la atomización del sistema político. La primera vuelta será el 12 de abril y la segunda el 7 de junio. Además, se renovarán Senado, Cámara y Parlamento Andino, con más de 10.000 candidaturas en total. La papeleta electoral tendrá dimensiones de 42 por 44 centímetros.
En las encuestas destacan dos figuras. Rafael López Aliaga, de la extrema derecha y exalcalde de Lima, lidera con 12 % según Ipsos, con fuerte respaldo en la capital. Le sigue Keiko Fujimori, también de la derecha, con 8 %. Más atrás aparece Mario Vizcarra con 4,7 % (aunque su inhabilitación por el Congreso le impediría participar), mientras el resto de aspirantes se distribuye en porcentajes mínimos.
La destitución de Jerí se inserta en un ciclo de inestabilidad que se agravó tras el lawfare en contra de Pedro Castillo en diciembre de 2022, evento que desencadenó protestas masivas y una crisis de legitimidad institucional.
La prohibición de reelección parlamentaria, la debilidad programática de los partidos y la polarización social han configurado un sistema donde los Gobiernos son frágiles y las mayorías legislativas volátiles. La desaprobación del Congreso, que en distintos momentos ha superado el 80 %, revela el deterioro de la confianza ciudadana.
Perú enfrenta así un proceso electoral en medio de un vacío de liderazgo estructural. Más que una crisis coyuntural, el país atraviesa un problema sistémico que combina fragmentación política, reglas institucionales inestables y una ciudadanía profundamente desencantada con su clase dirigente.
Autor: teleSUR - cc - JDO
Fuente: teleSUR - Agencias
